El registro horario de la jornada laboral ha sido una de las novedades legislativas de este 2019 que más quebraderos de cabeza ha supuesto en la empresa. Saber cómo controlar las horas, encontrar un sistema, llegar a un acuerdo entre trabajadores y empresa… Muchas eran las tareas a cumplir descritas el real decreto que traía este registro para el 12 de mayo, día en el que entró en vigor. Ante este escenario, el Ministerio de Trabajo dio un periodo de gracia de dos meses (hasta el 12 de julio) para que las empresas tuvieran un margen de adaptación.

Transcurrido ese tiempo las sanciones por  incumplimiento del nuevo registro obligatorio de la jornada laboral son ya efectivas. Se trata de multas de carácter económico recogidas en la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social que van desde los 60 euros hasta los casi 190mil. La cuantía dependerá del tipo de infracción y la consideración que se haga. Así se dividen:

  • Infracción leve: Estas infracciones se producirían por no informar a los trabajadores o a sus representantes de las principales condiciones laborales o por no entregar los informes de registro de jornada. La sanción va desde los 60 a los 625 euros.
  • Infracción grave: Estas sanciones se acometerán en caso de que se detecten irregularidades en los horarios pactados o en la realización de horas extras que no son ni computadas ni pagadas. La multa puede ir desde los 625 euros hasta los 6.250.
  • Infracciones muy graves: Llegarán en los casos en los que se produzca un aumento de las horas extra notorio sin que eso suponga un cambio en el contrato, cuando se supere el margen legal de 80 horas extra anuales, las horas extra las realicé un menor de 18 años o no se abonen al trabajador adecuadamente. El importe de la sanción va de 6.250 euros a los 18.250€.

Por establecer un contexto a propósito de este registro horario marcado en el Real Decreto Ley 8 / 2019 recordamos que se trata de un registro obligatorio para todas las empresas independientemente de su tamaño o facturación; que es diario que incluye el comienzo y fin de la jornada, que la empresa tiene que elegir e informar del sistema que se va a usar; también debe  informar de la relación de horas ordinarias y extraordinarias a los trabajadores y sus representantes, así como tener siempre disponible esa información para la Inspección de trabajo durante cuatro años.

 

¿Qué se persigue con esta medida?

Este Real Decreto puesto en marcha por el gobierno de Pedro Sánchez busca combatir el fraude de las horas extra en varios sentidos. En primer lugar la medición de las jornadas laborales permite conocer el número de horas extraordinarias que se realizan y también nos dejará saber si los descansos son los reglamentarios (nunca inferiores a doce horas entre el inicio de una jornada y el final de la anterior). En segundo, permitirá a las arcas de la seguridad social percibir el dinero por la cotización de esas horas extra que hasta ahora no contaban.

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