El 2 de julio de 2019 en el Foro de Profesionales Tributarios se aprobaron dos textos.

El primero dirigido a colectivos y profesionales y el segundo dirigido a asesores fiscales de manera individualizada. Ambos textos responden a dos Códigos de Buenas Prácticas Tributarias.

Carolina Verdés, Vicepresidenta Territorial de la APFCV, recuerda que estos códigos, de adhesión voluntaria, se enmarcan en el conjunto de acciones de lucha contra el fraude fiscal.

 Para entender que es un Código de Buenas Prácticas Tributarias tenemos que remontarnos a la definición de cooperación, actividad colaborativa y cooperativa entre los profesionales del sector tributario y las Administraciones Públicas enmarcado en el seno de la OCDE.

En el año 2008 en Ciudad del Cabo ya se presentó un estudio específico sobre las pautas que debe seguir la cooperación entre Administraciones e intermediarios de cara a la Administración Tributaria.

En nuestro país, hasta julio de 2010 no se aprobó el primer código de Buenas Prácticas Tributarias y se hizo en el seno de grandes contribuyentes para grandes empresas.

Ahora tenemos dos textos más, dos códigos de Buenas Prácticas Tributarias de adhesión absolutamente voluntaria y cuyo texto se prevé modificar conforme vayan avanzando las negociaciones entre los colectivos y la Administración Tributaria.

En este contexto no cabe duda de que se puede combatir el fraude fiscal de dos maneras:

La primera, coercitiva, con medidas firmes que castiguen al contribuyente que no pague sus impuestos y al intermediario que colabore con aquel que no paga sus impuestos. En este contexto podemos enmarcar, por ejemplo, la famosa DAC6 que obliga a los intermediarios fiscales a comunicar mecanismos transfronterizos de planificación fiscal agresiva.

Asimismo, podríamos enmarcar dentro de estas medidas coercitivas la propia Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales que persigue aquellas conductas por parte de cualquier intermediario fiscal que favorezcan al delito de blanqueo de capitales.

La segunda forma de luchar contra el fraude se refiere a ciertas medidas de cumplimiento voluntario y allí podríamos enmarcar la relación cooperativa entre el asesor fiscal y la Administración Pública.

  Además de esta medida de los códigos de Buenas Prácticas también cabe destacar la UNE 19602 que permite certificar determinadas pautas de comportamiento en el seno de las empresas y por ende de los contribuyentes. Así nace el Compliance Tributario, es decir, instaurar o implantar en el seno de las empresas ciertas medidas que fomenten el adecuado cumplimiento de la norma tributaria.

No obstante, todo esto no se puede alcanzar sin un imprescindible clima de confianza entre Administración Tributaria, contribuyente y asesor fiscal.

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