Los anunciados cambios de la contrarreforma laboral afectarán, de manera muy directa, a los convenios colectivos. Desde hace meses se habla estas modificaciones, que traerán aparejadas, fundamentalmente, tres medidas esenciales, si finalmente se aprueban todos sus puntos:

1. La vuelta a la preeminencia del convenio sectorial sobre el de la empresa.

2. La reforma del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores (ET) que afecta directamente a las funciones en empresas subcontratadas.

3. La recuperación de la ultraactividad de los convenios ante falta de acuerdo en la negociación de un nuevo convenio.

 

Hace unas semanas se hacía pública la existencia del "preacuerdo" al que habrían llegado Ministerio de Trabajo y Sindicatos, con el objetivo de llevar a cabo las siguientes modificaciones: 

-Prioridad del convenio de sector. En la práctica, la aprobación de la contrarreforma supondría la total recuperación de la prioridad del convenio sectorial sobre los convenios de empresa.

De este modo, se intentaría evitar que los convenios de empresa acojan peores condiciones que los de su propio sector.  Otro de los aspectos que más polémica está generando es la conocida como “prórroga de los convenios”, es decir, el restablecimiento de la prórroga automática de los convenios colectivos en el caso de que no se llegase a un nuevo acuerdo pactado.  La reforma laboral realizada en el año 2012 fijó como límite un año, de tal modo que, en el caso de no llegar a acuerdo a lo largo de estos 12 meses, la referencia se asignaba al convenio de índole superior o, en última instancia, al Estatuto de los Trabajadores.

-Artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores. Uno de los puntos más interesantes relacionados con la gestión empresarial estaría ligado a la actividad de los trabajadores de subcontratas o, dicho de otro modo, la externalización de servicios por parte de las empresas. El artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores sería objeto de una nueva redacción, en la que cobraría relevancia la descripción de la actividad central de la empresa. Teniendo en cuenta esta descripción, en el caso de la empresa externalizase un servicio que forme parte de su actividad central, los trabajadores de la compañía subcontratada se acogerían a las mismas condiciones laborales que los de la empresa contratante. La modificación abarcaría además otros aspectos:

1. Los trabajadores de la empresa subcontratada se regirán por el convenio sectorial, en el caso de que la actividad subcontratada no forme parte de la actividad central de la empresa contratante.

2. Prohibición tácita de que las empresas objeto de la subcontratación de un servicio externalizado usen contratos de obra o servicio con el objeto de articular tareas que "son propias de su actividad troncal".

 

Por otro lado, la contrarreforma supondría un cambio sustancial en los siguientes puntos:

  • Emprendedores: nuevas premisas. Según el compromiso acordado por los sindicatos mayoritarios, el contrato para empresas de menos de 50 trabajadores, con un año de prueba durante el cual se estipula despido libre y sin indemnización sería derogado.
  • Modificación de los Artículos 4, 12, 34 y 35 del Estatuto de los Trabajadores. De acuerdo a lo dispuesto en el borrador, “será de obligación de la empresa registrar la jornada de cada trabajador. Este registro de jornada será diario y deberá incluir el horario concreto de entrada y salida". Por otro lado, los trabajadores deberán recibir mensualmente información sobre las horas trabajadas, acompañada de información relativa a las horas extraordinarias realizadas. En la articulación de este punto, se han encontrado escollos asociados a su ejecución por parte de algunas profesiones o actividades.  Por ello, la ley recogería algunas excepciones en su cumplimiento para determinadas empresas.
  • Mayores de 52 años. El borrador recoge la eliminación del 15% de la tasa de paro que la ley fija para dejar de abonar ayudas o para poder hacer determinados contratos formativos, y un aspecto de vital relevancia para los mayores de 52 años.

Así, la nueva ley dispondría un subsidio para parados mayores de 52 años.  Si finalmente se llevan a cabo las medidas abordadas, la ayuda rebajaría considerablemente las condiciones para el cobro, puesto que se eliminaría, entre otros puntos, el límite de edad exigida en los 55 años.

Una de las grandes incógnitas del diálogo en el que están inmersos Gobierno y sindicatos es saber cuándo se va a realizar la aprobación de las medidas acordadas y su entrada en vigor. Una tramitación que se prevé, a todas luces, ardua.

 

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