El día 1 de abril y con efectos a día 2, se publica en el BOE el Real Decreto Ley 11/2020 de medidas complementarias de tipo social y económico para la crisis del COVID-19.

Estamos hablando ya del 5º Real Decreto Ley que se aprueba en menos de un mes al respecto.

Vamos a hacer un breve repaso, de la mano de Luis Jos, Inspector jefe de la AEAT, sobre las principales medidas de tipo económico que se adoptan en este nuevo Real Decreto Ley.

 

Así, en el ámbito mercantil, hay 3 medidas importantes:

  • En primer lugar, se suspende opcionalmente la obligación de formular cuentas anuales durante el periodo de alarma y sus posibles prórrogas, de tal manera que el plazo de 3 meses natural que hay desde la finalización del periodo impositivo que normalmente es el día 31 de diciembre, los 3 meses empezarán a contar justo cuando acabe el estado de alarma o sus prórrogas.
  • De la misma manera, se suspende opcionalmente la obligación de tener que presentar auditorias de cuentas por 2 meses a partir de que acabe el estado de alarma.
  • Y, por último, se permite la posibilidad de celebración de reuniones de los órganos colegiados y de las juntas generales de sociedades y demás entidades acogidas a la normativa mercantil por video conferencia o por otros sistemas, por ejemplo telefónicos, siempre y cuando el secretario permita conocer la identidad de los participantes y pueda enviarles un acta de la reunión.

En el ámbito propiamente tributario se produce una serie de modificaciones:

  • En primer lugar, se permite el aplazamiento de la deuda aduanera generada a partir del día 2 de abril en los mismos términos del aplazamiento especial del Real Decreto Ley 7, es decir, para sociedades que facturen menos de 6 millones de euros y hasta un importe de 30.000 euros, sin ningún tipo de garantía. Se pediría un aplazamiento exclusivo por 6 meses.

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  • En segundo lugar, también se aplican los periodos de suspensión de los recursos y de los procedimientos tributarios a los procedimientos de Comunidades Autónomas y entidades locales que habían quedado un poco descolgadas, de tal manera que básicamente todos los procedimientos que no hubieran finalizado antes del 18 de marzo verán ampliado su plazo a partir del 1 de mayo.Respecto a los plazos de recursos, se aclara que empezarán a contar a partir del día 1 de mayo de 2020.
  • Y, por último, una novedosa medida es el rescate extraordinario de los planes de pensiones que podrán hacerlo aquellas personas que hayan sufrido un ERTE o autónomos o empresarios que debido a que no sean empresas esenciales han tenido que cerrar. El importe que pueden rescatar es el importe de los ingresos que hayan dejado de obtener durante el periodo que dure el ERTE o el cierre del establecimiento. Importante recordar que esto tendrá sus efectos en la declaración de la renta del año que viene.

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En el ámbito del arrendamiento de viviendas, hay dos novedosos cambios:

  • En primer lugar, la prórroga por 6 meses y sin necesidad de ningún requisito por parte del arrendatario de aquellos contratos de arrendamiento de vivienda que vayan a caducar o concluir durante el periodo de estado de alarma o los 2 meses siguientes.
  • Y, en segundo lugar, una moratoria de deudas para aquellas personas que están en situación de vulnerabilidad. La ley define tal situación como aquellas personas afectadas por un ERTE que hayan perdido más de un 40% de sus retribuciones y que no tengan otras rentas ni un patrimonio previo.

Otra medida importante es la moratoria de créditos, sea hipotecaria o no. Aquí lo que se trata es de aclarar lo ya establecido en el Real Decreto Ley 8 básicamente lo que permite es que en el plazo de un mes desde el fin del estado de alerta o sus prórrogas se puede pedir una moratoria de hasta 3 meses por parte de este tipo de créditos, exclusivamente para personas físicas en situación de vulnerabilidad. 

Se prohíbe expresamente cualquier tipo de desahucio de la vivienda, corte de suministro eléctrico, de agua, luz, o de los suministros básicos, así como se mejora la posibilidad de acceder al bono social eléctrico.

Y, por último, se activa un importante paquete de programa de ayudas públicas, entre ellas se activan los avales del estado, entre otras para la situación de los arrendatarios en situación de vulnerabilidad; se modifica la normativa de subvenciones tanto del ICEX, como de Emprendetour, así como la Subdirección General de Industria para facilitar el acceso a ayudas a avales y demás garantías por parte del Estado.

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