Entre la amplia gama de disposiciones adoptadas, el gobierno ha promulgado el Real Decreto Ley 8/2020 en el que se establece una serie de medidas que tiene como objeto paliar los efectos negativos del coronavirus sobre el empleo y la actividad empresarial asociada a los contratos suscritos con las entidades del sector público.

 Nerea Goirinea, miembro del equipo directivo del bufete Barrilero y Asociados, explica los puntos clave en esta materia en el siguiente vídeo:

 


Estas medidas que se recogen en el artículo 34 del Real Decreto Ley tienen como objetivo y finalidad continuar con la prestación de los contratos y se pueden sintetizar en 3 puntos clave:

  • El primero de ellos, los contratos de suministros y servicios de trato sucesivo cuya ejecución resulte inviable como consecuencia de las medidas asociadas al estado de alarma; estos contratos se entiende automáticamente que están suspendidos sin que el contratista tenga nada más que hacer, con la entrada en vigor del Decreto Ley hasta el momento del cese de las medidas asociadas al estado de alarma.

 Es importante destacar que el Real Decreto Ley establece la obligación del órgano de contratación de indemnizar al contratista en una serie de daños y perjuicios incurridos como consecuencia de esta suspensión. Por su importancia, destacamos el coste de los salarios efectivamente abonados a los empleados adscritos al contrato a fecha 14 de marzo.

 

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  • Otro punto clave es aquellos contratos que no pueden acogerse a suspensión, pero sin embargo encuentran dificultades en su desarrollo, como consecuencia precisamente del COVID-19 o medidas asociadas a él.
  • Estos contratos, el principal problema u obstáculo que encuentran, es el cumplimiento de los plazos. En este caso, el Real Decreto Ley lo que prevé es que el contratista puede dirigirse al órgano de contratación para solicitar una ampliación del plazo. También se prevé una serie de indemnizaciones asociadas a este mayor lapso de tiempo.

  • En cuanto a los plazos, el Real Decreto Ley vemos que con carácter general dispone de este plazo común de 5 días naturales, bien sea para solicitar la indemnización, o para solicitar la ampliación del plazo.
    Aunque el efecto de la falta de contestación de la Administración es la desestimación, no hay que olvidar que la disposición adicional 3ª del Real Decreto 463/2020 prevé la suspensión de los plazos para presentar recursos de alegaciones, con lo cuál se establece una ampliación de plazo, de facto al menos, para poder preparar dichos recursos.

En síntesis, y aunque haya que ir caso por caso, la finalidad principal de las medidas adoptadas por el gobierno es la continuidad de los contratos.

 

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