El Boletín Oficial del Estado (BOE) con fecha 05/08/2020 recopilaba las nuevas disposiciones del Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de agosto, de medidas financieras, de carácter extraordinario y urgente, aplicables a las entidades locales. Se trata de una disposición de interés, puesto que supone, tal y como remarcamos a continuación, un nuevo retraso en la entrada en vigor de la LPAC (Ley de Procedimiento Administrativo Común).




 

La LPAC, agilidad y transparencia en la administración pública

En primer lugar, como preámbulo, hay que destacar que la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC) y la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, suponen un cambio fundamental para las administraciones públicas en España desde el punto de vista del marco normativo. La razón esencial es que establecen que “la relación electrónica es la vía principal de tramitación de los procedimientos administrativos, encaminada a lograr un modelo de administración transparente, más ágil y accesible para los ciudadanos y las empresas y más eficiente en su gestión”.

La exigencia de una adaptación paulatina por parte de todas las administraciones públicas de nuestro país -señala el texto referenciado- a este nuevo “paradigma administrativo” ya fue prevista en la disposición final séptima de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, al fijar una fecha de entrada en vigor posterior a la general de la ley, en concreto el 2 de octubre de 2018, “para los preceptos reguladores de determinadas materias que por su trascendencia, efectos prácticos y potencial afectación al núcleo esencial del ejercicio de los derechos de los interesados en su relación con las administraciones públicas, aconsejaban una vacatio legis o ampliación de su entrada en vigor”.

En concreto, se trata de las previsiones relativas a:

  • El registro electrónico de apoderamientos.
  • El registro electrónico.
  • El registro de empleados públicos habilitados.
  • El punto de acceso general electrónico de la administración. 
  • El archivo único electrónico.


Esta disposición final séptima de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, ya fue modificada, a su vez, por el Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto, de transposición de directivas en materia de protección de los compromisos por pensiones con los trabajadores, prevención del blanqueo de capitales y requisitos de entrada y residencia de nacionales de países terceros y por el que se modifica la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, tal y como hacíamos referencia en este artículo.

 


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Las causas del aplazamiento de la LPAC 

Ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, la nueva entrada en vigor ha cambiado puesto que “ha obligado durante estos últimos meses a las diferentes administraciones públicas a priorizar la asignación de recursos humanos y tecnológicos al robustecimiento de las infraestructuras y medios tecnológicos existentes para garantizar su funcionamiento, la prestación de los servicios públicos por sus empleados de forma no presencial". LPA aplazamiento

Esta necesaria priorización ha dificultado en muchos casos continuar al ritmo previsto los trabajos de adaptación de los procedimientos administrativos y el diseño de procesos de gestión óptimos necesarios para el cumplimiento en la fecha prevista en la Disposición final séptima de todas las previsiones de la Ley 39/2015, de 1 de octubre: "Este objetivo que ha de cumplirse en todo el ámbito subjetivo de aplicación de la Ley, cercano a once mil ochocientos sujetos diferentes, pues comprende la Administración General del Estado, las administraciones de las comunidades autónomas, las entidades que integran la administración local y sus respectivos sectores públicos institucionales en los términos que delimitan ambas leyes”.

 

Nueva ampliación del plazo previsto: 2 de abril de 2021 

En definitiva, el riesgo manifiesto desde el punto de vista técnico-organizativo de no concluir a 2 de octubre de 2020 los procesos de adaptación, ha propiciado la ampliación de entrada en vigor de todas las materias que estaba prevista para el 2 de octubre de 2020, por un periodo adicional de seis meses, hasta el 2 de abril de 2021, que permita “absorber el impacto y el retraso que hayan sufrido las diferentes administraciones públicas en el calendario de ejecución de las tareas que les competen debido a la mencionada reasignación de prioridades y recursos y finalizar así la implantación de estos instrumentos básicos del funcionamiento de las administraciones públicas conforme a los principios de eficacia administrativa y garantía de los derechos de los ciudadanos y de los operadores jurídicos y económicos en la tramitación de los procedimientos administrativos, que precisamente son los principios que persigue la Ley 39/2015, de 1 de octubre”.

En definitiva, la Ley de Procedimiento Administrativo Común, supone una modificación sustancial en el modo en el que las empresas o personas jurídicas se relacionan con la administración pública. Así, hay que recordar que la firma electrónica es obligatoria para la realización de diversas solicitudes, como la presentación de declaraciones o comunicaciones, o renuncia de derechos, entre otros.

Cabe precisar la obligación de la ley en relación a que las empresas dispongan de un certificado de firma digital de persona física como representante de persona jurídica, o bien un certificado digital de sello electrónico a tal efecto. En este sentido, hay que remarcar la apuesta por la inmediatez y eficacia que proporciona disponer de herramientas como software específico que permiten gestionar las notificaciones electrónicas de la Agencia Tributaria de forma rápida y centralizada.

 

Modificación de la ley: ¿a qué aspectos afecta?

Se modifica, en concreto, la disposición final séptima de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que queda redactada como sigue:

Disposición final séptima. Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor al año de su publicación en el "Boletín Oficial del Estado".

"No obstante, las previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo único electrónico producirán efectos a partir del día 2 de abril de 2021."

 

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